Abr 11 2010
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Ley de Amnistía: validez y vigencia

El tema del procesamiento del juez Garzón por el Tribunal Supremo ha sido tratado extensamente esta semana pasada por periódicos y blogs. Algunos compañeros del agregador NeoProgs han expresado sus dudas sobre el encaje constitucional de la Ley Amnistía de 1977 y su creencia en que hay provisiones legales que tuvieron sentido en su tiempo pero han dejado de tenerlo hoy sin que la letra de la ley haya cambiado una coma, señalando además que el ordenamiento juridico evolucione bajo la influencia mutua del poder judicial y el legislativo es deseable. Otros compañeros han expresado su apoyo al juez Garzón a través de las redes sociales, enlazando en ellas artículos como éste, que entienden da base legal a las actuaciones de Garzón. Es decir, todos mis compañeros han negado la mayor: no es que el juez no prevaricase cuando inició un procedimiento penal sin competencia para ello, sino que realmente tenía competencia para hacerlo. Me temo que en este punto estoy en profundo desacuerdo con todos ellos.

La Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, se concedió en el seno de la Transición española; fue una amnistía de carácter generalizado, que amnistiaba según su artículo 1.1:

a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.

b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.

c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

El artículo 2.1 concretaba que (negritas mías),

En todo caso están comprendidos en la amnistía:
1. Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar.
2. La objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos éticos o religiosos.
3. Los delitos de denegación de auxilio a la justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
4. Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
5. Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
6. Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

El efecto general de la Ley de Amnistía sería la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las acciones señaladas (artículo 6.I). Es decir, el Estado renunciaba al ejercicio del ius puniendi sobre las personas autores de dichas acciones delictivas. Además, también extinguía la responsabilidad administrativa (excepto la tributaria), laboral y sindical (artículos 4 y 5).

Encaje constitucional de la Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía entró en vigor antes de que lo hiciese la Constitución Española de 1978. En aquel momento estaba vigente la escueta Ley 1/1977, de 4 enero, para la Reforma Política (de rango fundamental). Según la misma, la democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo (artículo 1.1, párrafo I), con la única limitación de los derechos fundamentales de la persona, que son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado (artículo 1.1, párrafo II). El problema era el siguiente: la Ley para la Reforma Política no dice cuáles son los derechos fundamentales de la persona. ¿Hay algo que nos pueda ayudar? Durante la vigencia de la LRP España sólo había ratificado dos tratados sobre derechos humanos: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (Instrumento de ratificación publicado en el BOE de 30 de abril de 1977) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el mismo día).

¿Qué derecho fundamental podría vulnerar la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977? Únicamente puede discutirse que viole el derecho el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 2 del PIDCP), en la medida en que pudiese limitar el acceso a los tribunales de las personas. Pero no es exactamente así, ya que se limita a extinguir la responsabilidad criminal, pero no la responsabilidad civil del artículo 1902 CC. España en 1977 no tenía ninguna obligación internacional de perseguir criminalmente los crímenes contra la humanidad, con la sola excepción del delito de genocidio (artículo V del Convenio para la sanción y prevención del delito de genocidio de 1948, ratificado por España en 1969). De todas formas, este convenio tampoco impide la eventual prescripción de la responsabilidad criminal derivada de la comisión de dicho delito.

En definitiva, a través de la Ley de Amnistía de 1977, el Estado renunció al ejercicio del ius puniendi (es decir, el derecho del Estado a ejercer la coacción penal sobre los que vulneran bienes jurídicos básicos de la sociedad), pero no se excluyó la posibilidad de que los ciudadanos afectados reclamasen la responsabilidad civil de los causantes del perjuicio (artículo 1902 CC). La Ley para la Reforma Política no supuso ningún obstáculo para su validez, primero porque ésta reconoce la supremacía de la Ley, y segundo porque se trata de una norma de alcance muy restringido, que se limita a establecer un procedimiento de reforma constitucional. Los tratados ratificados por España hasta la época no imponían al Estado la obligación de perseguir criminalmente los delitos de los funcionarios contra los derechos de los ciudadanos y el derecho internacional penal consuetudinario al respecto carecía de sustantividad en los años 70 (para generar una norma consuetudinaria internacional hace falta una práctica general, constante y uniforme que no existía en los años 70 en la persecución penal de los crímenes contra la humanidad). Así pues, tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, la responsabilidad penal por todos los delitos comprendidos en ella quedó automáticamente extinguida.

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, cabe preguntarse si la Ley de Amnistía podría haber quedado sin efecto.  La Disposición Derogatoria de la Constitución no se refiere a ella expresamente y ningún precepto de la Constitución da pie para pensar que su eficacia afecta a la efectividad de algún derecho fundamental (el Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho a la tutela judicial efectiva no implica un derecho a que tal tutela se haga a través del derecho penal, puesto que el ius puniendi es un derecho del Estado y no de los ciudadanos). La Constitución, por contra, sí ofrece argumentos contra la derogación de la Ley de Amnistía: el artículo 9.3 establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

El TC nunca ha tratado directamente la validez de la Ley de Amnistía, pero se ha referido a ella en las SSTC 63/1983 y 147/1986, y en ninguna de ellas ha dudado de su constitucionalidad. Es más, en la segunda de ellas afirma que:

[La amnistía] es una operación excepcional, propia del momento de consolidación de los nuevos valores a los que sirve, cuya finalidad unitaria no enmascara el hecho de que se pone en práctica recurriendo a una pluralidad de técnicas jurídicas que quedan unidas precisamente por la finalidad común.

Es decir, las amnistías de la Transición tuvieron por objeto eliminar ciertos efectos jurídicos con el objetivo de consolidar al nuevo régimen. Téngase en cuenta, de todas formas, que estas sentencias no trataban directamente el tema de la responsabilidad por crímenes cometidos por funcionarios contra los derechos de los ciudadanos.

La derogación de la Ley de Amnistía

¿Podría ser derogada hoy la Ley de Amnistía, como da a entender este artículo de Luis Acebal? No. El propio magistrado instructor Luciano Varela lo dice en su auto (énfasis mío):

Quienes consigan la mayoría parlamentaria suficiente al efecto bien tienen a su alcance hacer efectivos aquellos anhelos de justicia promoviendo y aprobando las oportunas modificaciones legislativas. Esta es su responsabilidad que no puede transmitirse, desde su pasividad, al juez penal. El Poder Legislativo podrá entonces derogar la ley española de amnistía de 1977 y redefinir el alcance de la retroactividad de las normas sobre prescripción. Solamente restará, en tal caso, examinar si con tal decisión se supera el canon constitucional.

Aunque el magistrado no entra en ello, le resulta evidente que la reactivación de una responsabilidad criminal que ha sido extinguida viola el principio de irretroactividad establecido en el artículo 9.3 de la Constitución. Por tanto, ni siquiera la previsible entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por España en septiembre de 2009, puede reestablecer la responsabilidad penal por los delitos cubiertos por la amnistía de 1977, se ponga como se ponga el señor Luis Acebal (NOTA: el Sr. Acebal se queja de la ignorancia del magistrado Varela, a pesar de que él hace mayor alarde de la misma al ignorar el contenido del artículo 95.1 CE).

Conclusión

Sin entrar ahora a valorar las numerosas incoherencias en que incurrió el juez Garzón al tramitar el procedimiento y que hacen plausible la comisión del delito de prevaricación (Pista: la Audiencia Nacional no tiene competencia para tramitar los crímenes contra la humanidad que pudiesen haberse cometido en España, art. 65 LOPJpor lo que el juez tuvo que agarrarse al supuesto hecho que se había producido un “delito contra la forma de Gobierno” – el golpe de Estado – para poder tramitarlo), sólo quiero decir que estoy de acuerdo con eso de que el ”ordenamiento juridico evolucione bajo la influencia mutua del poder judicial y el legislativo es deseable”. Pero es labor de los jueces saber cuándo el ordenamiento realmente ha evolucionado y cuándo no. La Ley de Amnistía sigue en vigor y difícilmente podría dejar de estarlo. Sólo a través de una revisión constitucional puede reactivarse la responsabilidad criminal ya extinguida.

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Por García


33 Comentarios

  1. Creu dice:

    Una vez aclarado el asunto (mil gracias por ello), me queda dos dudas, ¿cuales son las posibles consecuencias? ¿es cierto que puede afectar a los casos que ha llevado?

    • García dice:

      Prefiero no entrar en la cuestión de la prevaricación de Garzón, puesto que no me he leído todos los autos del caso de los crímenes del franquismo y demostrar que alguien ha prevaricado es bastante complicado. Lo que pongo al final es sólo una pincelada de lo que puede jugar en su contra. Pero por lo demás, la tesis que he rebatido en este artículo no es tan absurda como para que no quepa un debate jurídico sobre ella y, de hecho, hay gente ilustre que la defiende.

      Las consecuencias de la suspensión de Garzón se limitan a que los casos que estaba tramitando pasarán a otro juez, sin más. En principio, no veo motivo para que afecte a ninguno de los casos que ha llevado y cuyas resoluciones son firmes. ¿Te refieres a alguno en concreto?

  2. judas dice:

    Pues yo, siendo uno de los que enlazó la entrada que comentas, no veo en modo alguno que deshagas el nudo que en él se plantea. Es más, diría que esto es sólo una huída hacia adelante, en plan “vamos a desarrollar la Geometría Diferencil” desde la nada.

    Y me lo parece porque me da la impresión de que divinizas el Derecho, como si fuese un corpus coherente y completo. Y no me lo parece. O sea, que podemos firmar un Tratado que explícitamente niega la posibilidad de que los firmantes tengan leyes de amnistía vigentes, y no hay ningún problema. Se puede crear una Ley que extingue responsabilidades penales (¿eso no se ve afectado por la iretroactividad? pues qué conveniente, ¿no?) pero no se puede derogar. Pues, repito, con tus dos párrafos no veo por qué. Porque, y esta es mi opinión, que España tenga vigente una Ley con una redacción del tipo “Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas” es bastante vergonzoso, aunque sólo tenga validez y aplicación un día.

    • García dice:

      Las leyes que extinguen la respondabilidad criminal no se pueden derogar porque en España rige la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables (artículo 9.3 de la Constitución). Es bastante claro: una ley puede ser retroactiva para lo que beneficie los derechos del reo, pero no para perjudicarle. O lo que es lo mismo: una vez has amnistiado un delito, no puedes volver a reactivar la responsabilidad criminal. Es un argumento fácil de entender.

      Tan fácil como entender que podemos ratificar un Tratado que prohíbe hacer cosas que ya hemos hecho, pero que no podremos volver a hacer.

      • judas dice:

        Como yo lo veo, no se trata de “prohibir hacer cosas que has hecho, luego no puedes volver a hacer” sino “vetar a los que han hecho”. Son distintas.

        • García dice:

          Ya. Pues te equivocas. Se trata de que ya les hemos amnistiado y eso no lo podemos deshacer por medio de ningún tratado, sino que se requiere una modificación constitucional.

          • judas dice:

            No sé si no me explico… en ese caso, digo yo, no nos dejarán firmarlo. No nos obliarán a modificar nuestra Cosntitución, pero si para firmar X deben no hacer hecho Y, hemos hecho Y, luego no firmamos X. Es sencilo, creo.

          • García dice:

            Igual el que no me he explicado he sido yo: ningún convenio internacional dice que España deba perseguir esos crímenes retroactivamente. Sí se dice, sin embargo, que la retroactividad no será un obstáculo para que el Estado persiga estos delitos, pero eso sólo significa que es el Estado el que decidirá si los persigue retroactivamente o no. Nuestra Constitución excluye claramente la retroactividad penal desfavorable, así que en España no es posible.

            Además, el Convenio de 2009 al que hace referencia tu enlace excluye expresamente su aplicación retroactiva.

  3. Julian dice:

    He leído su artículo y la verdad, sin entrar en la valoración jurídica que me parece muy bien razonada, la verdad que es un poco desesperanzador para alguien como yo, que defiende la honorabilidad del Juez Garzón y su buena voluntad de hacer justicia. No estante tengo que preguntarle algunas cosas que no me cuadran.

    ¿Cree Ud. que los tres Magistrados de la audiencia Nacional, que apoyaron las tesis de Garzón, con su voto particular, des conocen los razonamientos que Ud. hace?

    ¿Cree Ud. que con la experiencia del Juez Garzón en la Magistratura, sus contactos internacionales de jurista de prestigio, también ignoraba sus planteamientos?

    • García dice:

      Hola Julián. Respecto del tema de Garzón, ya dije en el primer comentario que prefería no hacer valoraciones concretas sobre el caso. Probar que un juez ha prevaricado es bastante difícil, aunque sí es verdad que ha hecho cosas bastante absurdas durante la tramitación (cosa que podría jugar en su contra).

      Sobre los otros magistrados y juristas que apoyan su interpretación, no puedo decir más que creo que se equivocan. No es que desconozcan mis razonamientos; es que los rechazan. Por ponerle un ejemplo: este artículo está escrito por uno de los redactores de la Ley de Amnistía. Como usted advertirá, su interpretación es manifiestamente absurda, puesto que ignora que la propia Ley acoge en su artículo 2.1, apartados 5 y 6 a los funcionarios y agentes franquistas.

      Y lo mismo puedo decir de aquellos que argumentan que el Derecho internacional prima sobre la Constitución Española, desconociendo el contenido del artículo 95.1 de la Constitución, que dice expresamente que España no puede ratificar un tratado que vaya contra la Constitución (ergo, reconociendo que ésta es jerárquicamente superior a aquél).

      No dudo que muchos de ellos lo harán de buena fe y con la creencia de que su interpretación es la correcta y justa (el propio Garzón posiblemente lo hiciese con ese ánimo), pero ello no excluye el hecho de que es una construcción artificiosa que sólo se sustenta si ignoramos algunas normas fundamentales.

  4. Hugo M. dice:

    El artículo es muy bueno, pero al igual que Judas creo que ves el Derecho como algo demasiado ideal. El asunto es si el juez ha prevaricado. Según una ponencia del propio Varela: ”donde caben varias conductas y decisiones objetivamente sostenibles o donde existen dudas fundadas en la interpretación del derecho, la elección de una u otra de estas interpretaciones posibles (…) no dará lugar a una acción prevaricadora”. Es extraño apreciar tal conducta cuando ni el fiscal ni ninguno de sus colegas la ha visto hasta que las tres organizaciones de extrema derecha han puesto la denuncia. Es evidente que el señor Garzón ha tratado de buscar resquicios entre el atado y bien atado a ver si daba con acciones delictivas, pero de ahí a prevaricar va un abismo.
    Por otro está la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas firmada por España. Creo que el crimen de desaparición forzada que describe es un crimen contra la humanidad, por lo que a mi entender no prescribe y puede tener carácter retroactivo. Y aún no teniéndolo, la Ley de Amnistía habla de actos de intencionalidad política. ¿Y en qué categoría estarían los delitos que tratan de investigarse, entre los delitos políticos o los crímenes contra la humanidad?
    Y una última cosa. No tengo ni idea de derecho, pero me pregunto si en lugar de acusar a Garzón de un delito tan grave, reconociéndose como se reconoce que el “ordenamiento jurídico [puede evolucionar] bajo la influencia mutua del poder judicial y el legislativo”, no sería más lógico declarar a Garzón incompetente para hacerse cargo del caso hasta ver cómo resuelve el legislativo éste, en mi humilde opinión, vacío legal.
    Un saludo.

    • García dice:

      Hola Hugo,

      Sobre el caso de Garzón, como he dicho en comentarios anteriores, prefiero no entrar a valorar muy en profundidad, dada la dificultad para probar la existencia o no de prevaricación. De todas formas, si tú mismo percibes que Garzón trató de forzar la ley, no es raro que haya jueces que vean en ello un indicio de prevaricación.

      Sobre mi visión ideal de la ley (de lo que ya me ha acusado Judas), lo veo una acusación ad hominem, sin más contestación que un simple “no”. He desarrollado una argumentación basándome en el Derecho vigente. Si lo que se quiere es violar directamente el ordenamiento jurídico, que se diga a las claras, pero que no se me acuse de ser “idealista”.

      La Convención Internacional para la Protección de las Personas Desaparecidas aún no ha entrado en vigor. Cuando lo haga, no podrá tener alcance retroactivo, en virtud del artículo 9.3 de la Constitución, que la excluye. Desde luego, los crímenes contra la humanidad AHORA ya no prescriben.

      Sobre la intencionalidad política de los crímenes mencionados, fíjate que el artículo 2 no habla de ella. De hecho, parece querer concretar una serie de casos cuya inclusión en el artículo 1.1 podría ser dudosa (rebelión, sedición, denegación de auxilio a la justicia en relación con el secreto profesional, expresión de todo tipo de opiniones — no sólo de naturaleza política — y actos funcionarios al investigar los hechos contenidos en la ley y contra los derechos derechos de los ciudadanos).

      Sobre tu último párrafo, sólo comentarte que eso es exactamente lo que se ha hecho, sólo que además se está procesando al juez por actuar sin competencia a sabiendas. Pero no te equivoques, amigo. Vacío legal ninguno. Yo comprendo que moralmente parece reprobable comprobar que uno de los sacrificios de nuestra Transición fue, precisamente, la renuncia a perseguir estos delitos. Pero deberíamos ser consecuentes con las normas que nos hemos dado entre todos y aceptar que para perseguir a los criminales de la dictadura tendríamos que enmendar la Constitución.

      Un saludo.

  5. [...] no puedo estar del lado de un juez que se salta la ley. Actualmente en España tenemos vigente la ley de Amnistía del 77 y el carácter de no-retroactividad en las consideraciones como delito, por lo que, según nuestra [...]

  6. Matías dice:

    Y qué me dices del Tratado sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales hecho en Estrasburgo el 16 de septiembre de 1963?

    • García dice:

      Pues te digo que supongo que te refieres al Protocolo nº4 al Convenio Europeo de Derechos Humanos y te diría que confundes la fecha en que se aprueba un texto internacional con la fecha en que dicho texto entra en vigor para cada país en concreto. Curiosamente, el Protocolo de 1963 al que haces referencia entró en vigor en España el 16 de septiembre de… 2009. Aquí tiene la publicación en el BOE del Instrumento de ratificación, el día 13 de octubre de 2009.

  7. Demócrito dice:

    “Tú, tú… tú eres muy bueno. Sí, muy bueno” Robert de Niro en “Una terapia peligrosa”

    Pero me gustaría encontrar un razonamiento como mínimo tan elaborado pero a favor de la posición de Garzón en este tema. Espero que tengas algún enlace.

    Felicidades por el nuevo blog y la calidad alcanzada (al menos desde el punto de vista de un lego en la materia)

  8. [...] universitaria sea jurídica (la otra mitad es filosófica). La lectura de esta entrada en Advocatus diaboli me animó a escribir algo sobre este [...]

  9. Pablo dice:

    En el artículo 2 de la Ley de Amnistía, último apartado, dice que están comprendidos en la amnistía los delitos cometidos “contra el ejercicio del derecho de las personas”, no contra los derechos de las personas, ni contra las personas. Es decir, que a nos ser que los matasen, violasen, torturasen o secuestrasen mientras estaban en una manifestación, los funcionarios, agentes y autoridades no se deberían librar de la pena. Un bebé secuestrado o un hombre de rodillas que espera que le peguen un tiro en la nuca no está ejerciendo ningún derecho. Y no me venga con que está ejerciendo el derecho a la vida, por que entonces le replicaré que la vida es algo más que respirar.

    Por otra parte, se especifica bien claro (el artículo 2 no es para concretar) en el artículo 1 que quedan amnistiados los delitos de intencionalidad política (en los tres apartados) y sabemos que los secuestros de niños (por poner un ejemplo) no tienen intencionalidad política, sino criminal. Por si hubiera dudas, en el apartado tercero dice “siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”. Y sí, he leído que sean hasta el 6 de Octubre del 77, pero no dice que sean desde el 15 de Junio del 77, es decir que el tercer apartado incluye todos los actos cometidos desde la prehistoria hasta el 6 de Octubre de 1977. Por lo que cualquier secuestro, violación, tortura o asesinato cometido durante el franquismo queda fuera de la Ley de Amnistía.

    No creo que sea necesario derogarla (aunque vendría bien eliminar los apartados 5 y 6 del artículo 2.1 para disipar dudas), simplemente no tiene aplicación en los casos que juzga Garzón, y eso se sabía cuando se aprobó, por eso la derecha se opuso. Supongo que entonces leían con más atención que ahora.

    • García dice:

      Hola Pablo,

      Tu primer párrafo es una estupidez. En serio, si no sabes lo que es “ejercer un derecho”, no pretendas hacer como que sí.

      Como ya he dicho en otro comentario, los delitos amnistiados en el artículo 2 no requieren motivación política. Por eso pone “en todo caso”, en contraste con lo que establece el artículo 1.

      Además, demuestras no haber entendido el artículo 1, que evidentemente establece varios plazos. Está clarísimo que el apartado C del artículo 1 se refiere a los delitos cometidos desde el 15 de junio de 1977, porque si no, no tendría sentido la precisión que hace en cada uno de los apartados A,B y C sobre la distinta gravedad de los delitos en función del plazo. ¿Cómo explicas, si no, que el apartado A diga “cualquiera que fuese el resultado”? Es evidente que la ley establece tres plazos en los que amnistía distintos delitos en función de su gravedad. Cuanto más cercano es el momento temporal de la comisión, menor cantidad de delitos amnistiados (por eso en el último apartado deja fuera a los de mayor gravedad).

      Sólo a través de una interpretación de mala fe puede llegarse a una conclusión tan absurda como la tuya, que a todas luces es interesada.

      • Pablo dice:

        Lo de los tres plazos te lo acabas de inventar porque en la ley no lo pone por ningún lado. No sé por qué dices “evidentemente”. No está clarísimo porque ni siquiera está.

        Que la ley es ambigua o mal redactada, lo sabemos todos, si no, no estaríamos discutiendo aún. Pero no dice que sea desde el 15 de junio. Además, estás dando por supuesto que en la ley han cometido un descuido y debería haber escrito “desde … hasta”; y no es así, sólo pone el “hasta”. Tal vez sea por algo que se te escapa a ti y no por un error suyo.

        • García dice:

          De ambigüedad nada. El artículo establece 3 períodos de tiempo en función del momento de comisión del delito. Si siguiésemos tu absurda interpretación, el apartado A y el apartado C serían totalmente incompatibles, en la medida en que el primero amnistía los delitos cualquiera que fuese el resultado y el otro amnistía los delitos que no sean de mayor gravedad.

          En definitiva, para entender correctamente el artículo basta un mínimo de capacidad lectora de la que a todas luces careces.

  10. Es una sinrazón muy grave invocar que la Ley Amnistía “es preconsitucional” para quitarle vigencia y respeto cuando fue demanda por todos los sectores sociales, muy especialmente por la izquierda y toda la derecha demócrata, liberal y conservadora excepto por la ultraderecha. El grito “Libertad, amnistía” fue de los más habitual hasta que se concedió, y no la pedía Manuel Fraga precisamente.

    Los primeros afectados por la Ley de Amnistía fueron no menos de centenar y medio de presos etarras puestos en libertad de inmediato pues justo ese mismo año la policía franquista había conseguido colar un ‘topo’ en la ejecutiva terrorista con el nombre clave de ‘Lobo’. También fueron puestos en libertad otros terroristas, del FRAP, GRAPO, anarquistas, etc.

    Como se puede suponer, el 99,99 % de estos terroristas de nuevo libres regresaron a la clandestinidad y protagonizaron más atentados en los siguientes años, muchos mortales, con heridos y destrucción de propiedades públicas y privadas.

    La Amnistía también benefició a antifranquistas más veteranos, los llamados ‘huidos’, ‘maquis’ o guerrilleros, que de repente vieron sus causas archivadas y perdonadas, con lo que pudieron regresar a España si estaban exiliados o recuperar su identidad si se hallaban en la clandestinidad.

    Fue muy comentado en la prensa el caso de un antiguo guerrillero localizado casi por casualidad en un cortijo donde se había escondido hacía más de un cuarto de siglo; tras ser conducido al ‘cuartelillo’ se le comunicó que quedaba libre, la Amnistía le había beneficiado por los pelos. Si le llegan a localizar unas semanas antes, de seguro habría sido puesto en prisión preventiva como mínimo.

    Otros perdonados por la Amnistía fueron sindicalistas, docentes, obreros, etc. demócratas todos en número no de miles sino de decenas de miles de personas, perseguidos por simple delito de opinión o por enfrentamientos y desórdenes. Las causas del Tribunal de Orden Público quedaron archivadas. Centenares de ellos salieron de las cárceles y recuperaron una vida normal.

    Extrañó mucho el caso de que el secretario general del PCE, Santiago Carillo, no tuviera abierta ninguna causa en España, lo que se comprobó cuando al regresar del exilio en 1977 fue detenido y conducido al juzgado: nada, no se le acusaba de nada, ni siquiera de “lo de Paracuellos”.

    Tal vez la explicación resida en que la Amnistía de 1977 no fue la única que se concedió: antes se decretó una amnistía general por Real Decreto Ley de 30 de julio de 1976, y anteriormente un amplio indulto en 1975 tras la muerte de Franco -concedidos los dos por gobiernos que ahora se tildan de “continuadores del franquismo” y firmados por el mismo Rey acusado de “deber su corona a Franco”.

    Me atrevo a especular que Carrillo se benefició de alguno de los perdones o de ambos, aunque no tengo la pueba documental: pensemos que en España era delito la simple pertenencia al PCE o siquiera a un sindicato. Sea como fuere, puede decirse que a partir de mediados de 1976 ningún comunista era ya perseguido en España.

    Aclaro que durante el franquismo fueron habituales -no llegaban a frecuentes- los indultos parciales con motivo de festividades, aniversarios del régimen, etc. que afectaron a penados por delitos comunes como políticos: en España siempre ha sido difícil cumplir entera una condena. Ya en 1969, el mismo Franco había firmado la prescripción de TODOS los delitos cometidos HASTA 1 abril 1939, es decir, que ni el mismo Franco pudo perseguir a ‘rojos y anarquistas’ por la comisión de crímenes de guerra. Aunque parezca increíble decirlo hoy en día, la legislación militar española de la época tipificaba y perseguía el crimen de genocidio como crimen de guerra, y lo digo y lo mantengo porque yo he leído ese articulado.

    Todo esto representa un edificio y entramado legal nada desdeñable, de muy difícil desmontaje, y que si se desmonta las consecuencias van a ser imprevisibles. Si, como indica la ONU a España, la Amnistía de 1977 es ilegal ¿lo son también las anteriores de 1976, 1975 y los indultos franquistas? ¿Esto nos conduciría a reclamar el re ingreso en prisión de los terroristas que fueron entonces liberados?¿Se deberá perseguir de nuevo a los maquis, o exiliar de nuevo a los expatriados? Gracias a estos perdones, incluso catedráticos pudieron regresar del exilio y recuperar sus cátedras ¿les explicamos ahora que fue un lapsus, que la ONU ha abolido sus indultos y vuelven a estar fuera de la ley?

    A ver si queda claro: los principales beneficiados de las amnistías y perdones fueron (fuimos) las gentes de izquierdas, no las de derechas, y por eso las gentes de izquierdas pidieron (pedimos) amnistía y libertad, muchos enfrentándonos a nuestras familias de derechas con muy serios disgustos domésticos. Esta es la verdadera memoria de lo que ocurrió hace 35 años, no la que se inventa cada 6 meses para dar titulares lacrimógenos siguiendo los guiones de ‘Cuéntame’

    • capacha dice:

      Cita”A ver si queda claro: los principales beneficiados de las amnistías y perdones fueron (fuimos) las gentes de izquierdas”

      Un disparate, realmente un disparate.
      Decir que despues de la dictadura y el golpe de estado fascista los principales beneficiados de los indultos hayan sido las gentes que se opusieron al quebrantamiento de las libertades es de locos. Parece que los golpistas hayan sido otros y no los fascistas.

      Bueno, dejando de lado este tema me preocupa lo siguiente.

      El delito de desaparición forzada es un delito continuado en el tiempo.
      Mas allá de que según usted y cito
      “La desaparición forzada como “delito continuo” representa varios problemas:

      1. El concepto no aparece tipificado hasta 1998, con el Estatuto de Roma.
      2. La Convención Internacional sobre Desaparición forzada de personas aún no ha entrado en vigor.
      3. La aplicación del concepto a acciones realizadas con anterioridad viola el principio de irretroactividad (art. 9.3 CE) y el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE).
      4. La Ley de Amnistía toma como fecha de referencia aquella en que comenzase la comisión (art.1.II).”

      Es obvio que por mas que el delito no aparezca tipificado hasta 1998 este se ha tipificado y aún continua sucediendo luego de su tipìficación.
      O sea que hay un delito tipificado que esta sucediendo.
      Por otro lado el que el delito siga existiendo tira abajo su problema con la irretroactividad ya que no estamos hablando de un delito que haya sucecido sino que sigue sucediendo y la ley de amnistía no puede extinguir un delito que continua sucediendo.

  11. ¿¿¿Secuestros de niños??? Eso se lo han contado las Madres de la Plaza de Mayo a Garzón y el tipo se lo ha creído. Vamos a ver, en toda la literatura inmensa que hay en torno a la Guerra civil en 7 décadas, por todo tipo de autores (de La Cierva a Preston, Jackson, etc.), incluyendo la “memoria oral”, etc. JAMÁS se ha constatado un secuestro de un solo niño en el entorno de la guerra civil y posguerra. A los niños rojos no les secuestraban, les enviaban al Auxilio Social, si sale hasta en los comics de Carlos Giménez. Con razón Garzón decía en el auto que los supuestos secuestros “… nunca se han investigado…” toma pues claro que no, porque no han existido. Miren, que echen ya a Garzón, que lo envíen al paro, ya está bien de todo esto.

  12. Italo Orihuela dice:

    En mi páis el año 1995 se promulgó una Ley de Amnistía a fin de cerrar el tema subversivo. Sin embargo años después la Corte Interamericana de DDHH manifestó que dicha ley no tenía efecto toda vez que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Los jueces a partir de ese momento admiten cualquier denuncia y la tramitan pese a que no existe derogatoria de la Ley.
    ¿Es posible esta situación o los jueces están cometiendo prevaricato?

    • García dice:

      Hola, Italo.

      No sé cuál es tu país, pero me imagino que la cuestión clave está en el año en que se aprobó esa ley (1995). La Ley española es de 1977 y entonces España no estaba vinculado por ningún tratado internacional que impida la amnistía de los delitos contra la humanidad.

  13. fuera cocha tu madre todos son unos ladrones

  14. capacha dice:

    Habría que estudiar el tema de la promulgación de leyes bajo un estado de terror y de amenaza continua. Me parece relevante el momento en el que se promulga una ley y bajo que condiciones se hace para luego darle la validez que se le da…………..
    Creo que los documentos legales firmados bajo amenaza carecen de valor pero las leyes no estoy seguro.

  15. [...] de la Ley de Amnistía, que todavía hoy resulta válida a todos los efectos conforme a opiniones bien fundadas. Españoles de todos los signos se dieron la Ley de Amnistía como generoso punto final a la guerra [...]

  16. [...] de la Ley de Amnistía, que todavía hoy resulta válida a todos los efectos conforme a opiniones bien fundadas. Españoles de todos los signos se dieron la Ley de Amnistía como generoso punto final a la guerra [...]

  17. [...] de la Ley de Amnistía, que todavía hoy resulta válida a todos los efectos conforme a opiniones bien fundadas. Españoles de todos los signos se dieron la Ley de Amnistía como generoso punto final a la guerra [...]

  18. Antón dice:

    Una duda. Según he entendido por tu artículo, muy meticuloso (aunque no soy licenciado en derecho) los afectados por la represión oficial podrían ejercer acciones civiles, no penales, contra los ejecutores de dicha represión, ¿es así?. Otra duda, ¿dichos afectados o sus sucesores pueden reclamar al Estado?. La última, ¿En caso que la represión no respondiera a un mandato oficial, sino que fuera un abuso de poder o incluso un acto realizado por una persona al margen de la Administración, ¿se le podría de nunciar de forma penal?. Gracias de antemano por tu tiempo y tus conocimientos.

  19. antonio dice:

    leyes ,leyes y mas leyes pero justicia muy poca ,las leyes estan echas para los que tienen pasta y para los maleantes

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